5  ¿Hacia una nueva eugenesia?

La expresión eugenesia tradicional alude a los movimientos e ideologías surgidos en el siglo XIX y principios del XX que abogaban por el perfeccionamiento de la especie humana mediante el control selectivo de la reproducción. Esto incluía medidas coercitivas como la esterilización forzada de personas con discapacidades o enfermedades mentales. Se basaba en una comprensión limitada de la genética mendeliana, que suscitaba especulaciones infundadas sobre la relación entre fenotipo y genotipo, a las que se sumaban prejuicios múltiples sobre pureza racial o capacidad mental (Paul y Spencer, 1995).

Fue el naturalista británico Francis Galton, influido por la teoría de la selección natural de Charles Darwin, quien en la década de 1880 propuso un programa dirigido a conseguir que las «razas o estirpes más aptas» tuvieran una mejor oportunidad de prevalecer sobre las menos aptas, aplicando a las estirpes humanas los principios de la cría selectiva ya ensayados en otras especies, con el fin de aumentar la frecuencia de ciertos rasgos deseables (inteligencia, salud y constitución atlética, entre otros) y disminuir la de otros indeseables (enfermedades hereditarias, debilidad mental, predisposición al robo y al comportamiento violento o criminal). Más que a resultados de la genética incipiente y las leyes estadísticas de su contemporáneo Gregor Mendel, el meliorismo social de Galton obedecía a una larga serie de prejuicios y especulaciones sobre el influjo de las «razas inferiores» en la sociedad de su tiempo, magistralmente analizados por Daniel J. Kevles en In the Name of Eugenics (Kevles, 1985).

La eugenesia contemporánea alude al uso potencial de tecnologías genéticas modernas como , TALEN (nucleasas efectoras similares al activador de la transcripción), ZFN (nucleasas con dedos de zinc), prime editing u otras, para modificar embriones humanos e introducir a voluntad rasgos heredables. Se diferencia de la eugenesia tradicional en el nivel de precisión técnica alcanzable —el prime editing, por ejemplo, permite una gran variedad de cambios en el ADN de manera muy precisa, con menos mutaciones fuera de objetivo al no generar rupturas de doble cadena, como ocurre con CRISPR— y, sobre todo, en su apuesta por intervenciones voluntarias, en un marco no tanto de salud pública como de servicios reprogenéticos libremente accesibles para quienes puedan permitirse su alto coste (Anzalone et al., 2019; Lu et al., 2022; Tolosa, 2019).

Servicios lucrativos de selección genética y resurgimiento de las prácticas eugenésicas

En octubre de 2024, una investigación encubierta de The Guardian y HOPE not Hate reveló que la empresa estadounidense Heliospect Genomics ofrecía servicios comerciales para seleccionar embriones basándose en la predicción de inteligencia mediante análisis genético. La empresa, parte del proyecto PolygenX, cobraba hasta 50.000 dólares —unos 46.000 €— por analizar cien embriones utilizando , prometiendo a sus clientes la capacidad de seleccionar los de mayor cociente intelectual previsto (Devlin et al., 2024; Ron, 2024).

La grabación es el elemento probatorio decisivo, y conviene atender a ella antes de discutir el caso: un empleado enumera ante el cliente los criterios de ordenación disponibles —«CI y los demás rasgos traviesos que todo el mundo quiere», sexo, estatura, riesgo de obesidad, riesgo de enfermedad mental— con una franqueza que el material público de la empresa no reproduce en ningún momento. Su sitio corporativo enuncia una misión sobria: identificar variantes genéticas asociadas a enfermedades comunes «y rasgos psicológicos» (Heliospect Genomics, 2026). La distancia entre el registro comercial privado y el registro público es, por sí sola, material de análisis para lo expuesto en Capítulo 2.

Enfoque técnico

  • Utilización de la base de datos genética UK Biobank.
  • Aplicación de puntuaciones de riesgo poligénico sobre múltiples variantes.
  • Promesa de un incremento medio de 6 puntos de CI.
  • Coste: 46.000 € por análisis de hasta 100 embriones.

Marco legal

  • Ilegal en múltiples jurisdicciones (España, Reino Unido).
  • Legal en algunas clínicas de fertilidad estadounidenses.
  • Vacío legal: la empresa ofrecía asesoramiento genético en lugar de servicios directos de fertilidad, eludiendo así el régimen aplicable a la reproducción asistida.
  • Cinco casos reportados de implantación de embriones seleccionados por este método.

Problemas de validez científica

  • Comprensión muy limitada de la arquitectura genética de la inteligencia.
  • Complejidad de los rasgos poligénicos y magnitud reducida de los efectos individuales.
  • Valor predictivo cuestionable de las puntuaciones poligénicas para rasgos complejos, con descenso acusado fuera de la población en que se derivaron.

Respuesta de la comunidad experta española

Lluís Montoliu (CNB-CSIC), Gemma Marfany (UB) y Pablo Lapunzina (CIBERER) coincidieron en subrayar la desproporción entre lo prometido y lo que la evidencia permite sostener. El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona publicó el 28 de octubre de 2024 un documento coordinado por Marfany y De Lecuona (Marfany y De Lecuona, 2024). En España, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida restringe el diagnóstico preimplantacional a la detección de enfermedades graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal, lo que excluye la selección por rasgos (Villela Cortés, 2017).

La cobertura como objeto de estudio. Junto a las respuestas expertas circularon titulares que desfiguraban el procedimiento. La Razón tituló que la empresa «escanea el cerebro de los embriones para saber su coeficiente intelectual» (La Razón, 2024): no hay escaneo cerebral alguno —no hay cerebro en un blastocisto de cinco días—, sino cálculo estadístico sobre el ADN de una biopsia de trofoectodermo. El error no es menor ni inocuo: sustituye una inferencia probabilística de validez discutida por una medición directa, que es justamente la propiedad que el producto no tiene. Compárense los cuatro registros disponibles sobre un mismo hecho —la grabación encubierta, la nota corporativa, la respuesta de las sociedades científicas y el titular de prensa generalista— como ejercicio previo a la discusión.

  1. ¿Qué fiabilidad tienen los métodos actuales para predecir rasgos complejos como la inteligencia? ¿Qué limitación específica añade el hecho de aplicar la puntuación dentro de una fratría de embriones, donde la variación genética disponible es una fracción de la poblacional?
  2. ¿Qué obligaciones de información pesan sobre quien comercializa una predicción cuyo intervalo de confianza no comunica? ¿Bastaría comunicarlo?
  3. ¿Constituye la comercialización de la selección genética una forma moderna de eugenesia? ¿Cambia la respuesta según que el servicio funcione mal o que llegara a funcionar bien?
  4. Una vez analizados los cuatro registros del mismo hecho —grabación encubierta, nota corporativa, respuesta de las sociedades científicas, titular de prensa generalista—, ¿cuál de ellos es más probable que llegue al público? ¿Con qué consecuencias para la formación de opinión?

El desarrollo del sector desde 2024 y la respuesta de las sociedades profesionales se examinan en el Sección 5.3; conviene volver sobre estas preguntas después de leerlo.

El caso es pertinente para cursos de bioética en programas de medicina y asesoramiento genético, cursos avanzados de genética y genómica, seminarios de política sanitaria y regulación, y ética profesional en biomedicina.

Secuencia sugerida: (1) análisis en grupos pequeños de la validez científica, con lectura previa del documento del OBD (Marfany y De Lecuona, 2024); (2) reparto de roles según las perspectivas de los actores implicados —empresa, clínica, sociedad profesional, regulador, usuarios potenciales, colectivos de personas con discapacidad—; (3) discusión de la cuestión de fondo, regulación frente a libertad de mercado en servicios genéticos; (4) redacción de una propuesta normativa breve y contraste entre grupos, ya con el Sección 5.3 leído.

5.1 El lastre de los antecedentes históricos

El nuevo contexto de conocimiento básico y mejoras tecnológicas no evita que, para expertos y legos, la eugenesia contemporánea continúe asociada con aspectos problemáticos y connotaciones sociopolíticas de los primeros programas eugenésicos. Entre otros, una comprensión determinista, discriminatoria o coercitiva de lo deseable bajo criterios «eugenésicos» que, incluso en las variantes más sutiles —actuaciones sin supervisión de la autoridad estatal para obtener una descendencia más sana y atlética, como sugería Lee M. Silver—, resultaría difícil de encajar con los principios de justicia y respeto a los derechos humanos (Silver, 2000).

Aparte quedan otras cuestiones de difícil encaje en los esquemas actuales de gobernanza, relativas a la acreditación de profesionales e instituciones que prestan tales servicios en mercados transfronterizos y a los esquemas de responsabilidad y rendición de cuentas asociados para prevenir el fraude y la mala praxis (Couture et al., 2014).

Mientras que el movimiento eugenésico contó con el apoyo de destacados científicos, políticos, médicos, educadores y líderes sociales durante su fase de auge en Europa y Estados Unidos —lo que sin duda contribuyó a la enorme popularidad que alcanzaron sus ideas entre la población mejor informada de la época—, no puede decirse lo mismo del programa de eugenesia liberal que las nuevas técnicas reproductivas y genéticas podrían ayudar a promover. La existencia de diferencias innatas e inmutables entre los grupos humanos, así como la influencia determinante de los genes sobre el carácter y el comportamiento individual, son aspectos cuestionados hoy por razones fundadas, tanto desde el punto de vista teórico-conceptual como en su dimensión práctica, contraria al núcleo de derechos y libertades recogidos en las constituciones democráticas (Moreno Muñoz, 1995).

Incluso los programas verosímiles de mejora de rasgos funcionales y cognitivos en seres humanos que pudieran diseñarse con el objetivo expreso de minimizar el riesgo de coerción o bajo esquemas de incentivos razonables afrontan obstáculos considerables para su aceptación social y legal. El enfoque individual de los programas de mejora deja intacto el problema del contexto de justicia social que permite o dificulta a quienes necesitan apoyo educativo y medidas extraordinarias de refuerzo acceder en igualdad de condiciones a los servicios y técnicas, no necesariamente sofisticadas, que les facilitarían la mejora o equiparación de capacidades al promedio. Un enfoque capacitista acrítico sesga de raíz la interpretación de la diferencia, el valor y la necesidad o elección de tratamientos que requieren individuos y grupos etiquetados como discapacitados (Moreno Muñoz, 2017).

La falta de reparos en clasificar a los grupos humanos según criterios arbitrarios que los jerarquizan en función de su valor o aptitud para ciertas tareas, por lo general ligadas a contextos diversos de necesidades productivas, ha servido con frecuencia para legitimar actitudes socialmente aceptadas de discriminación y opresión contra minorías étnicas, religiosas o sociales. No es difícil imaginar escenarios políticos y contextos institucionales en el presente, instigados por la falta de recursos, la ideología u otras razones, instrumentalizables con la finalidad de excluir a individuos con ciertos rasgos físicos o psicológicos de programas educativos, sanitarios o sociales valiosos para lograr mejores oportunidades de planificación vital exitosa (Moreno Muñoz, 2016).

Era poco probable que el movimiento eugenésico lograra sus objetivos incentivando los emparejamientos «favorables» para mejorar la descendencia, considerando la diversidad de factores genéticos y ambientales, además de las mutaciones por azar en distintos niveles de organización y fases de desarrollo, responsables del fenotipo individual. Lo inquietante de su programa eran las medidas coercitivas que estaban dispuestos a poner en práctica para impedir la reproducción de los individuos considerados menos aptos o inferiores, fuese por rasgos propios o por defectos genéticos, enfermedades o patrones de conducta indeseable en su linaje. La prohibición de matrimonio interracial o entre personas con discapacidad fue aplicada junto con prácticas como la esterilización forzosa y el recurso mediante coerción al aborto o la segregación (Moreno Muñoz, 1995; Paul y Spencer, 1995).

La versión más extrema del movimiento eugenésico fue la promovida por el régimen nazi en Alemania, cuya política de higiene racial para restaurar la «pureza aria» incluyó un programa de eliminación física sistemática de millones de personas consideradas «indeseables» (judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, comunistas o discapacitados en diverso grado). Entre otras medidas, quedó prohibido el matrimonio y las relaciones sexuales entre alemanes y no arios; se autorizó la eutanasia forzosa de personas con discapacidad mental o física; y en los campos de concentración donde se exterminó a millones de personas de estos colectivos se practicaron experimentos médicos aberrantes y se esclavizó en trabajos inhumanos a millones de personas de toda Europa (Micklos y Carlson, 2000; Mosse, 1978).

Los horrores del régimen nazi llevaron a la condena mundial del movimiento eugenésico tradicional, inevitablemente asociado con el racismo, el totalitarismo y el genocidio. Pero algunas de sus ideas reaparecen de modo más sutil a rebufo de nuevos avances científicos y tecnológicos, especialmente algunos en el campo de la genética y la biotecnología que hacen plausibles intervenciones en el genoma humano con finalidad preventiva o de mejora funcional y cognitiva:

  • El diagnóstico genético preimplantacional permite seleccionar embriones en función de su información genética y otras características.
  • La investigación con protocolos de terapia génica suscita expectativas verosímiles de lograr métodos seguros para introducir genes en las células y corregir o modificar su función.
  • Los distintos métodos de se aplican con relativo éxito en organismos modelo para cortar e insertar secuencias de ADN, sorteando muchos de los obstáculos técnicos.
  • Las intervenciones biotecnológicas (neuromoduladores, por ejemplo) se pueden combinar con nuevas opciones de mejora cognitiva y funcional de distinta naturaleza (nano-info-cognitivas), incluyendo implantes o técnicas no invasivas de estimulación cerebral.
  • Numerosas aplicaciones de la inteligencia artificial y la robótica asistencial se orientan a mejorar capacidades, potenciar la alfabetización múltiple, la capacidad de razonamiento y detección de patrones, y a asistir en tareas y procesos que pueden retrasar el deterioro cognitivo (Moreno Muñoz, 2009, 2016).

Este horizonte de posibilidades sin precedentes para potenciar las capacidades mentales o físicas de las personas exige nuevos criterios de cautela, para evitar la generación de expectativas desproporcionadas o las variantes pseudocientíficas de aplicaciones no mejores que el placebo. Pese a los excesos de los eugenistas y la falta de base científica de sus ideas centrales, hasta la década de 1970 la eugenesia no fue eliminada de los instrumentos legales de la mayoría de los países que la habían practicado. Algunos países han mantenido leyes de esterilización obligatoria, bajo supuestos cuestionables, hasta fechas no muy lejanas. Y, en China, la política de planificación familiar «de hijo único» aplicada desde 1979 ha tenido implicaciones eugenésicas en la práctica, incrementando el aborto selectivo por sexo y el abandono de las hijas, con incidencia constatable en la alteración de la proporción de sexos en la población (Kevles, 1985; Zamora López y Rodríguez Veiga, 2020).

Además de los cientos de miles de personas esterilizadas contra su voluntad en casi todos los países que aplicaron políticas eugenésicas durante varias décadas del siglo pasado —Suecia mantuvo leyes de esterilización entre 1934 y 1976, con más de 60.000 personas esterilizadas según un informe gubernamental de 1997; unos 60.000 estadounidenses fueron esterilizados bajo diversas leyes en 27 estados; 40.000 en Noruega y 6.000 en Dinamarca—, las ideas eugenésicas suponen un lastre cultural más duradero de lo deseable, incluso en los círculos académicos (Balz, 1997; Bates, 1999; Hyatt, 1998; Reilly, 2015).

Estos antecedentes ponen de manifiesto la importancia de conocer los aspectos éticos, sociales y legales asociados con la investigación genética. En particular, el riesgo de que ideas biológicas erróneas o distorsionadas sean instrumentalizadas en el debate social para justificar viejas políticas de estratificación o discriminación social en función de rasgos fenotípicos como el cociente intelectual o supuestas disposiciones conductuales. Y el marco de obligaciones y garantías que los actores estatales y privados deben respetar en el desarrollo de las biotecnologías y sus aplicaciones (Black, 2004).

The Bell Curve y la reactivación del hereditarismo

¿Académicos destacados y eugenistas en los noventa? El caso plantea una pregunta que hoy tiene una segunda vida: en qué condiciones un argumento hereditarista adquiere autoridad pública, y por qué el desmentido técnico no basta para retirársela.

«Medido por la atención de los medios y la controversia que ha atraído, The Bell Curve, de Richard Herrnstein y Charles Murray, fue el evento editorial de la década.

El libro presenta una visión inquietante y muy pesimista de las tendencias de la sociedad estadounidense. Estados Unidos, según los autores, se está convirtiendo rápidamente en una sociedad de castas estratificada por el cociente intelectual, con una clase baja atrapada en la base, una élite firmemente arraigada en la cima y solo un margen limitado para que las políticas públicas impulsen a los desfavorecidos. Pero la mayor parte de la atención y la controversia que giraron en torno al libro no se centraron en su amplia visión de lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense, sino en la aplicación por parte de los autores de sus teorías sobre el cociente intelectual a la cuestión de la raza.»

— Dickens et al. (1995), «Does The Bell Curve Ring True?», Brookings Institution. Traducción propia.

El libro se publicó en 1994 en Free Press; la edición de bolsillo de 1996 añade un epílogo de Murray, de ahí la doble datación frecuente en la literatura (Herrnstein y Murray, 1994).

La estructura argumental del libro es un silogismo: si el CI es en gran medida genético y correlaciona con la posición socioeconómica, entonces la posición socioeconómica es en gran medida genética. Cada uno de los dos antecedentes admite lecturas mucho más débiles que las que los autores necesitan, y el paso entre ellos incurre en un error inferencial conocido: la heredabilidad estimada dentro de un grupo no autoriza conclusión alguna sobre el origen de las diferencias entre grupos. La analogía clásica lo hace visible: si se reparte la misma variedad de semilla entre dos macetas, una con buen sustrato y otra empobrecida, la altura de las plantas será altamente heredable dentro de cada maceta y, al mismo tiempo, la diferencia entre macetas será enteramente ambiental. Ma y Schapira ofrecen una reconstrucción del razonamiento apta para uso docente (Ma y Schapira, 2017).

La respuesta disciplinar más significativa fue institucional: la American Psychological Association convocó un grupo de trabajo cuyo informe, Intelligence: Knowns and Unknowns, delimitó lo que la evidencia permitía afirmar y lo que no, y en particular negó apoyo empírico a la explicación genética de las diferencias de CI entre grupos raciales (Neisser et al., 1996). Joseph Graves analizó por separado la endeblez de las teorías biológicas de la raza sobre las que descansaba el argumento (Graves, 2003).

Tres décadas después, la posición de las disciplinas implicadas es más firme, no más débil. Lala y Feldman revisan en PNAS lo establecido desde los años setenta por la evolución cultural y la coevolución gen-cultura, y concluyen que los datos genéticos refutan la noción de subestructura racial en las poblaciones humanas (Lala y Feldman, 2024). El informe de las Academias Nacionales estadounidenses sobre descriptores poblacionales va en la misma dirección: recomienda abandonar la raza como variable biológica y sustituirla por descripciones explícitas de ancestría o de entorno, según lo que se pretenda medir (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023).

El caso sería un episodio cerrado de historia intelectual si no fuera porque el hereditarismo ha vuelto a circular, y esta vez con un vehículo tecnológico del que carecía en los noventa.

En los círculos pronatalistas de Silicon Valley, la selección embrionaria por rasgos cognitivos se ha convertido en práctica declarada y en seña de identidad. El caso más visible es el de Malcolm y Simone Collins, que se describen a sí mismos como hipster eugenicists y han declarado públicamente haber cribado sus embriones para evitar descendencia «menos privilegiada en CI» que ellos mismos. El análisis del Political Economy Research Centre de Goldsmiths documenta la trama de financiación e influencia política que sostiene el proyecto (Political Economy Research Centre, 2025); el Columbia Political Review examina su dimensión racial (Columbia Political Review, 2025).

El desplazamiento retórico es el aspecto pedagógicamente más interesante. El discurso pronatalista tecnológico evita casi por completo el vocabulario racial que hundió la reputación de The Bell Curve, y lo sustituye por el lenguaje aparentemente neutro del CI, la puntuación poligénica y la optimización. La estructura del argumento —que hay personas innatamente más valiosas, y que conviene que se reproduzcan más— permanece intacta bajo un léxico que ha perdido las marcas que permitían identificarla. Compárese con lo expuesto en Capítulo 2 sobre encuadre y autoridad epistémica.

Conviene señalar además una conexión que el propio apartado siguiente hace visible: Jonathan Anomaly, cuya defensa filosófica de la eugenesia se discute en Sección 5.2 como posición académica, ha ejercido también como asesor de empresas del sector de la selección embrionaria. La frontera entre la argumentación normativa y la promoción comercial es en este campo más porosa de lo que la forma académica sugiere, y forma parte de lo que el análisis CTS enseña a examinar.

El fenómeno pronatalista sería anecdótico si no se apoyara en algo más sólido: un aparato editorial que reproduce la forma externa de la ciencia sin sus controles. Es el hallazgo central de la investigación de Aaron Panofsky y sus colaboradores, que documentaron cómo las comunidades nacionalistas blancas se apropian de la genética en tres espacios sucesivos: los foros donde se comentan resultados de pruebas comerciales de ancestría, los blogs de human biodiversity y las revistas del conjunto OpenPsych, que exhiben DOI, número, volumen y revisión nominal por pares (Panofsky et al., 2021). El diagnóstico posterior del mismo equipo es que no se trata de un déficit de divulgación sino de anticiencia: la producción deliberada de una infraestructura alternativa de legitimación, con la que no cabe discutir aportando más datos, porque no fue construida a partir de datos sino para ofuscar la evidencia científica (Panofsky et al., 2024).

La red y su financiación. En octubre de 2024, una investigación encubierta de The Guardian y HOPE not Hate, con socios en Alemania, documentó el funcionamiento de la Human Diversity Foundation, constituida en 2022 y renombrada en abril de 2025 como Polygenic Scores LLC. La organización controlaba Mankind Quarterly —revista vinculada al Pioneer Fund desde 1961—, el conjunto OpenPsych y el medio digital Aporia. Entre sus colaboradores figuraba un investigador cuyo trabajo fue citado en el manifiesto del autor del atentado racista de Buffalo en 2022; entre sus dirigentes, un asesor de comunicación vinculado a la extrema derecha alemana. Recibió más de un millón de dólares de un empresario tecnológico estadounidense, que retiró su apoyo al ser interpelado por los periodistas (HOPE not Hate, 2024). Angela Saini había descrito con anterioridad el mecanismo general por el que el hereditarismo racial se recicla como investigación heterodoxa perseguida (Saini, 2019).

La conexión con este apartado no es temática, sino material. La misma investigación encubierta que sacó a la luz esa red destapó la oferta de Heliospect Genomics examinada en el caso introductorio. La grabación publicada por The Guardian documenta a un empleado de la empresa explicando cómo ordenar hasta cien embriones por «CI y los demás rasgos traviesos que todo el mundo quiere» —sexo, estatura, riesgo de obesidad, riesgo de enfermedad mental—, por hasta 50.000 dólares, sobre modelos derivados de datos del UK Biobank (Devlin et al., 2024). No es coincidencia editorial: la puntuación poligénica de rasgos cognitivos es a la vez el producto comercial y el argumento político. Quien financia la anticiencia y quien vende el cribado embrionario coinciden en más de un nodo de la red.

La comparación entre lo que la empresa dice ante un cliente y lo que dice en público es en sí misma un ejercicio recomendable. Su sitio corporativo enuncia una misión sobria —«identificar variantes genéticas asociadas a enfermedades comunes y rasgos psicológicos»— sin mención alguna a la ordenación de embriones por cociente intelectual (Heliospect Genomics, 2026). La distancia entre ambos registros es el objeto propio del análisis de encuadre expuesto en Capítulo 2.

La respuesta institucional. En enero de 2023, la American Society of Human Genetics publicó el informe de su iniciativa Facing Our History – Building an Equitable Future y pidió disculpas por el papel de la sociedad y de sus dirigentes en el movimiento eugenésico: hasta nueve de sus presidentes formaron parte de la junta o presidieron la American Eugenics Society entre 1926 y 1972, y la organización guardó silencio cuando la genética se usó para justificar la discriminación (American Society of Human Genetics, 2023; «Human Geneticists Apologize for Past Involvement in Eugenics, Scientific Racism», 2023). El gesto importa aquí por una razón metodológica antes que moral: la revisión procede de la propia comunidad profesional, no de críticos externos, lo que la sustrae al reproche habitual de motivación ideológica.

  1. El informe de la APA de 1996 (Neisser et al., 1996) es un ejemplo de respuesta disciplinar a una controversia pública. ¿Por qué no cerró el debate? ¿Qué dice eso sobre la relación entre autoridad científica y opinión pública?
  2. Si se sustituye «raza» por «puntuación poligénica», ¿cambia la estructura del argumento o solo su presentación? ¿Qué consecuencias tiene esto para la regulación?
  3. Las revistas de OpenPsych tienen DOI, formato académico y revisión nominal por pares. ¿Qué criterios operativos permitirían a un lector no especializado distinguirlas de una publicación legítima? Contrástese con lo expuesto en Capítulo 2 sobre autoridad epistémica.
  4. La disculpa formal de la comunidad de genetistas humanos por su pasado eugenésico (American Society of Human Genetics, 2023) llegó en 2023. ¿Qué obligaciones prospectivas genera un reconocimiento así ante la oferta comercial actual? ¿Basta una declaración institucional frente a una infraestructura organizada para ofuscar la evidencia científica?
  5. ¿Es defendible investigar la arquitectura genética de rasgos cognitivos sabiendo cómo se está utilizando el resultado? Constrúyase el mejor argumento a favor y el mejor en contra antes de tomar posición.
  6. ¿Cómo debería un centro de investigación gestionar la participación de su personal académico en empresas cuyos servicios ese mismo personal evalúa en la literatura?

5.2 El debate sobre los programas de eugenesia liberal

El concepto de se asocia con la posibilidad de utilizar tecnologías genéticas de manera voluntaria para mejorar rasgos humanos relevantes —aquellos que influyen en la personalidad, la salud, la inteligencia y el control de impulsos—, incluyendo algunos que pueden afectar al medio ambiente y al modo de desenvolverse en sociedad. Bajo este enfoque, existe una obligación de contribuir a mejorar el bienestar de las futuras generaciones mediante el conocimiento adquirido sobre la relación genotipo-fenotipo y las tecnologías que pueden facilitar la selección de características genéticas favorables (Anomaly, 2018; Savulescu y Kahane, 2009).

5.2.1 El argumento a favor

Autores como Jonathan Anomaly y Julian Savulescu, entre otros, enfatizan los elementos de responsabilidad procreativa que subyacen a nuestras decisiones reproductivas, considerando que con cualquier otro criterio no se satisfacen de manera razonable ni el interés genuino de la descendencia ni el modo de alinear las preferencias individuales con el bien común, se cuente o no con los incentivos de los programas estatales educativos o de salud pública para tal fin. Sin coerción estatal ni discriminación, la libertad y la responsabilidad de los padres pueden ejercerse de muchas maneras; pero —sostienen— carece de justificación ética hacerlo de manera que, por ignorancia, ideología, creencias religiosas u otras razones, se prive a la descendencia de posibilidades y ventajas que les ayudarían a tener mejores oportunidades de bienestar, salud y planificación vital exitosa.

Conviene aclarar que la responsabilidad procreativa no deriva solo de obligaciones morales en abstracto. Interviene aquí el valor que otros autores en el campo de la teoría económica asocian con los bienes posicionales: aquellos cuyo valor depende de su escasez y exclusividad relativa (viviendas en barrios con un ambiente saludable donde crecer, matrícula en escuelas de élite, oportunidades tempranas de aprendizaje de idiomas). Su valor radica en que no todos pueden poseerlos o acceder a ellos, más que en sus características inherentes. Pero un acceso desigual explica gran parte de la exclusión económica y social, además de niveles inferiores de bienestar (Hirsch, 1976).

En un contexto de mercado transnacional con una oferta creciente de tecnologías genéticas y reproductivas, no resulta descabellado sugerir que ciertos rasgos o mejoras biomédicas puedan convertirse en bienes posicionales, incluso por encima de los recursos sofisticados que ofrecen a sus élites los entornos más favorecidos de algunos países desarrollados. En dinámicas de mercado globalizadas, quienes puedan costearse mejoras biológicas que den a su descendencia ventajas de partida tendrían más probabilidades de triunfar sobre el resto en ámbitos como la educación, el empleo y el ascenso social (Agar, 1998, 2004; Sparrow, 2011).

Agar, Savulescu, Harris y otros argumentan que intervenciones como la edición genética de embriones para prevenir enfermedades no son esencialmente distintas de otras mejoras biomédicas. De forma casi rutinaria, además, en los procesos de reproducción asistida se seleccionan los embriones mejores, bajo criterios de «viabilidad» no problemáticos en el ámbito profesional, para reducir la tasa de fracasos en el procedimiento (Agar, 1998; Gyngell et al., 2016).

La versión anterior de este apartado se apoyaba en los datos ESHRE de 2014 —un 2,0 % de los ciclos declarados en Europa con diagnóstico preimplantacional— y discutía si esa cifra bastaba para considerar la práctica normalizada. Los datos posteriores vuelven innecesaria la cautela: en 2022, casi uno de cada diez ciclos de reproducción asistida en Europa incorporó PGT.

Tabla 5.1: Evolución del recurso al diagnóstico genético preimplantacional en Europa, sobre el total de ciclos de reproducción asistida declarados al consorcio EIM de la ESHRE.
Año Ciclos declarados Ciclos con PGT % Países Fuente
2014 776 556 15 894 2,0 % 39 De Geyter et al. (2018)
2018 1 007 598 48 294 4,8 % 39 Gliozheni et al. (2022)
2019 1 077 813 64 089 5,9 % 39 Wyns et al. (2023)
2021 910 470 62 694 6,9 % 34 ESHRE EIM Consortium (2024)
2022 934 144 91 705 9,8 % 39 ESHRE EIM Consortium (2025)

Cómo leer la tabla. El denominador es el total de ciclos declarados de todas las modalidades —FIV, ICSI, transferencia de embriones congelados, donación de ovocitos, PGT—, no solo FIV e ICSI: en los registros del EIM el PGT se contabiliza como categoría propia, no como subconjunto. Los datos de 2021 y 2022 son preliminares, proceden de las comunicaciones anuales del consorcio y el número de países informantes varía entre ediciones; el descenso de 2021 refleja además el efecto de la pandemia sobre la actividad y sobre la notificación. La serie debe leerse como tendencia, no como serie homogénea.

Tabla 5.2: Porcentaje de ciclos con diagnóstico genético preimplantacional sobre el total de ciclos declarados, y número absoluto de ciclos con PGT entre paréntesis. Fuentes: De Geyter et al. (2018); Gliozheni et al. (2022); Wyns et al. (2023).
País 2014 2018 2019
España 4,8 % (5 242) 14,8 % (20 783) 16,2 % (22 190)
Rusia 2,1 % (2 013) 5,6 % (8 783) 6,9 % (11 158)
Italia 2,8 % (1 895) 4,2 % (3 441) 5,5 % (4 709)
Dinamarca 0,8 % (126) 2,6 % (536) 4,2 % (663)
Francia 1,1 % (1 039) 1,5 % (1 646) 1,7 % (1 968)
Total europeo 2,0 % 4,8 % 5,9 %

Lo que muestra la dispersión. España multiplica por diez la proporción francesa en 2019, partiendo en 2014 de una diferencia de cuatro veces. Si la variable explicativa fuera la disponibilidad tecnológica, ambos países estarían próximos: son sistemas sanitarios comparables con acceso equivalente a la técnica. La divergencia se explica por el marco regulador, por el peso del sector privado y por el volumen de tratamientos con donación de ovocitos, que en España supone en torno a una cuarta parte de todos los ciclos declarados y atrae a pacientes de otros países. La tecnología no determina la tasa de uso: la determinan la regulación y la estructura del mercado. Es una observación que conviene retener antes de discutir escenarios futuros de selección por rasgos, y que enlaza con el análisis de actores del Sección 1.2.

La versión anterior de esta tabla atribuía a Rusia 2 478 ciclos con PGD en 2014 (2,6 %). La cifra correcta en la fuente es 2 013 (2,1 %). Se corrige aquí.

El salto del 2,0 % al 9,8 % en ocho años refuerza la premisa empírica de quienes defienden la eugenesia liberal: si la selección de embriones bajo criterios de calidad ya es práctica corriente, la carga de la prueba recaería sobre quien pretenda trazar una línea que excluya otros criterios.

Pero el mismo dato admite una lectura inversa, sobre la que conviene reflexionar. Lo que se ha normalizado es una prueba de viabilidad, no una selección por rasgos. El crecimiento se concentra en el PGT-A, que evalúa el número de cromosomas para detectar aneuploidías y suponía el 83,7 % de los ciclos con PGT en 2018, frente al 16,3 % del PGT-M/SR dirigido a mutaciones o reordenamientos específicos (Gliozheni et al., 2022). El aumento se explica en buena medida por el incremento de la edad materna y paterna, la reducción de costes y la mayor fiabilidad del análisis (Murphy, 2012). Deducir de la normalización del PGT-A una autorización tácita para el cribado poligénico de rasgos exige un paso argumentativo que los datos no proporcionan por sí solos.

Los datos del consorcio PGT de la ESHRE para 2019-2021 permiten afinar más, y contienen el dato empíricamente más relevante para este debate. De las 14 731 analíticas registradas, 8 492 correspondieron a PGT-A y 3 782 a PGT-M. Dentro del PGT-A, la indicación mayoritaria fue la edad materna avanzada (64 %, con una edad media de 40,6 años), seguida del aborto de repetición (8 %) y del fallo de implantación repetido (7 %). Y en el 8 % de los casos el PGT-A se realizó sin ninguna indicación médica declarada, proporción que se mantiene estable respecto de series anteriores (Spinella et al., 2026).

Ese 8 % es el margen donde el debate deja de ser hipotético. No es cribado de rasgos —el PGT-A solo cuenta cromosomas—, pero tampoco es medicina preventiva: es la elección informada de un procedimiento invasivo y costoso en ausencia de indicación clínica. Quien sostenga que existe una frontera nítida entre uso médico y uso electivo del análisis embrionario tiene ahí un caso que explicar. Conviene además recordar el límite del registro: es voluntario, reúne datos de cuarenta y cinco centros y no representa al conjunto de la actividad europea, de modo que sus porcentajes describen la práctica de los centros que notifican, no la del continente.

5.2.2 Las objeciones

La discusión académica sobre la eugenesia liberal está lejos de resolverse a favor de sus defensores. Conviene exponer las cuatro líneas críticas principales con la misma atención, porque de su solidez depende que el debate de este módulo sea algo más que una ratificación de la posición dominante en la literatura anglosajona de la mejora.

El argumento de la autocomprensión (Habermas). Jürgen Habermas sostiene que la intervención genética con fines de mejora introduce una asimetría irreversible entre quien programa y quien es programado, que altera las condiciones de la relación entre personas libres e iguales. No se trata de un daño a la salud ni de una desigualdad distributiva, sino de la posibilidad misma de entenderse a uno mismo como autor de la propia biografía: quien conoce que sus disposiciones fueron elegidas por otro con una intención determinada no puede relacionarse con su propia dotación natural del mismo modo. La objeción no depende del éxito técnico de la intervención, lo que la hace resistente al argumento —habitual entre los defensores— de que el problema es solo la seguridad y desaparecerá con el perfeccionamiento de la técnica (Habermas, 2002).

El argumento del don (Sandel). Michael Sandel desplaza el foco desde la autonomía hacia las disposiciones morales que la práctica de la mejora erosiona. Lo objetable no sería el daño a un individuo identificable, sino la transformación de una actitud de apertura a lo no elegido en una actitud de dominio. Sandel deriva de ahí tres consecuencias concretas: la hipertrofia de la responsabilidad parental —si todo es elegible, todo es imputable—, la erosión de la solidaridad —el sistema de seguros y la asistencia mutua se apoyan en la contingencia de la lotería natural— y la pérdida de humildad ante lo dado. Su fuerza es también su límite: es un argumento sobre el ethos social, no sobre derechos vulnerados, y por eso resulta difícil traducirlo a norma jurídica (Sandel, 2007).

El argumento de la justicia (Buchanan, Brock, Daniels y Wikler). From Chance to Choice es la exposición más sistemática del problema y, significativamente, no concluye en una prohibición. Sus autores aceptan que no hay una objeción de principio contra la intervención genética, y sitúan la cuestión decisiva en la estructura institucional: qué régimen de acceso, qué criterios de asignación y qué garantías impiden que la técnica convierta una desigualdad natural en una desigualdad hereditaria y acumulativa. La distinción entre lo que se debe a la justicia y lo que corresponde a la elección individual es aquí el eje, no la distinción terapia/mejora (Buchanan et al., 2001). Es la referencia obligada para cualquier discusión seria del tema.

El argumento de la discapacidad (expressivist objection). La objeción más incómoda para el marco liberal procede de los estudios sobre discapacidad, y sostiene que la selección contra una condición transmite un mensaje sobre el valor de las personas que ya viven con ella. Adrienne Asch la formuló en su versión canónica: el diagnóstico prenatal selectivo trata un rasgo único como si determinara el valor de una vida entera, cuando la evidencia sobre calidad de vida autoinformada por personas con discapacidad no sostiene esa inferencia (Asch, 1999; Parens y Asch, 2000). La crítica va más allá de la selección: cuestiona el modelo médico de la discapacidad sobre el que descansa la noción de «normalidad» empleada en todo el debate (Garland-Thomson, 2017; Shakespeare, 2013). Reindal la aplicó específicamente a la posición de John Harris (Reindal, 2000). Conviene notar que el propio movimiento por los derechos de las personas con discapacidad está dividido: Shakespeare, desde dentro, ha criticado las versiones fuertes del modelo social por negar la realidad de la limitación funcional.

5.2.3 Desigualdad, bienes primarios naturales y futuro abierto

Incluso si se asume que garantizar el nacimiento de personas sin alteraciones genéticas asociadas a enfermedades graves constituye en sí mismo un factor de equidad, al disminuir el coste de la lotería genética en el conjunto de la sociedad, es obvio que este tipo de programas no impide que se amplíen desigualdades previas y se creen otras nuevas cuando, en la práctica, los grupos con menos recursos no recurren en la misma proporción a tales servicios y afrontan en mayor proporción las consecuencias de la enfermedad y las patologías inherentes a la contingencia evolutiva (Murphy, 2012; Sparrow, 2011).

Hasta en los países más igualitarios y con Estado social desarrollado se parte de contextos condicionados por dinámicas injustas de acceso a los mejores servicios y oportunidades, con dificultades adicionales para quienes resultan perjudicados por daños atribuibles a causas fortuitas, enfermedades sobrevenidas o accidentes. La regulación para evitar nuevas formas de discriminación o desigualdad genética tendría que adoptarse en combinación con otras garantías destinadas a preservar la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios esenciales para el desarrollo humano, como señalan Sparrow, Agar y Murphy. De lo contrario, la carrera por alcanzar los servicios genéticos o de mejora radical más avanzados y exclusivos solo estaría al alcance de una reducida élite, con alta probabilidad tentada de asumir el mayor control social posible: el preludio del escenario distópico de colonos y conquistadores al que alude Agar en Humanity’s End (Agar, 2010; Murphy, 2012; Sparrow, 2011).

Escenarios distópicos aparte, cuando las tecnologías disponibles, aplicadas de forma segura, proporcionan información relevante para una decisión informada —diagnóstico prenatal o análisis genético de embriones preimplantatorios, por ejemplo—, los padres adquieren responsabilidades éticas hacia su descendencia futura que no tendrían en ausencia de ella. El criterio de elección informada opera de modo parecido en todas las esferas de la vida privada o pública donde nuestras acciones pueden tener consecuencias dañinas o beneficiosas sobre terceros. Si de un mejor conocimiento de ciertos riesgos se sigue la obligación de no dañar, evitando el recurso imprudente a procedimientos inseguros, el mismo argumento refuerza —según Agar, Harris, Anomaly, Savulescu y Buchanan— la obligación de seguir el curso de acción más favorable para la descendencia cuando la pericia técnica ayuda a identificarlo (Agar, 2004, 2010; Anomaly, 2018; Buchanan et al., 2001; Harris y Savulescu, 2014; Savulescu y Kahane, 2009).

Resulta pertinente en esta discusión la noción de bienes primarios naturales que propone Dov Fox, en conexión con la de bienes sociales primarios de John Rawls. Según Fox, los bienes primarios naturales incluyen aspectos como la ausencia de discapacidad, la resistencia a las enfermedades, la movilidad física y la coordinación, la percepción visual y auditiva, la memoria a corto y largo plazo, el razonamiento verbal y espacial, la capacidad cognitiva general y ciertas conductas características (reflexividad, control de impulsos, búsqueda de novedad, capacidad de adaptarse a la adversidad). Los bienes naturales primarios incorporan un elemento perfeccionista, ya que favorecen vidas compatibles con un rango significativamente amplio de proyectos vitales. Los Estados pueden fomentar la autonomía en estos aspectos sin menoscabar el pluralismo, sobre un marco de neutralidad minimalista. Aunque la privación de alguno de estos bienes no hace la autonomía imposible, es obvio que la limitará, reduciendo o condicionando significativamente las opciones vitales de los individuos (Fox, 2007).

Es improbable que el recurso a tecnologías genéticas y reproductivas combinadas se extienda tanto que llegue a suponer un problema en cuanto a pérdida de diversidad en la especie humana. La indicación médica o preventiva sigue siendo la dominante para recurrir al diagnóstico genético preimplantacional, como muestra la Tabla 5.1 y el desglose PGT-A / PGT-M que la acompaña (Gliozheni et al., 2022).

Menos descabellado es suponer que habrá incentivos adicionales para intentar mejoras sin indicación médica, por ejemplo entre grupos favorables a optimizar el rendimiento deportivo con todos los medios disponibles. La «tiranía de la normalidad» ha sido desafiada en numerosos ámbitos de actividad humana, no solo en el deporte (Lara Sánchez y Moreno Muñoz, 2020). Y aunque la atención a corto plazo se centre en cuestiones más pragmáticas sobre seguridad, utilidad, eficacia y cómo incentivar la investigación responsable, será inevitable reflexionar en profundidad sobre lo que significa hacer el bien en el campo de la biología y la medicina reproductivas. En lo posible, intentando consensuar criterios al respecto —y sobre el significado de nociones como «uso apropiado», «normalidad», «calidad de vida», «responsabilidad procreativa» y «discapacidad»— antes de que las técnicas de edición genética en la alcancen niveles aceptables de seguridad, precisión y versatilidad en un rango amplio de aplicaciones con potencial para afectar de modo significativo los intereses de quienes lleguen a existir a través de ellas (Segers, 2023).

El caso de las parejas sordas que eligen descendencia con la misma limitación sensorial, discutido por Dena Davis, condensa el problema. Davis sostiene que tal elección vulnera el derecho del niño a un futuro abierto, noción que toma de Joel Feinberg: hay derechos que el menor no puede ejercer todavía, pero que los adultos deben conservarle intactos hasta que pueda hacerlo (Davis, 2010; Feinberg, 1980). La objeción a Davis desde el lado liberal es que el criterio, aplicado con coherencia, obligaría a intervenir sobre muchas decisiones parentales que hoy no cuestionamos —la educación religiosa, el aislamiento lingüístico, la elección de escuela— y que su formulación presupone lo que debería demostrar: que la sordera cierra opciones vitales en mayor medida que las abre dentro de una comunidad con lengua y cultura propias (Lara Sánchez y Moreno Muñoz, 2020; Murphy, 2012). Este es precisamente el punto donde el debate sobre la discapacidad deja de ser un apéndice del debate sobre la mejora y se convierte en su núcleo.

Alcance y límites de la autonomía reproductiva de los padres

Este caso vertebra el módulo. Las cuestiones que plantea no se han desplazado con la técnica: se han vuelto más apremiantes, porque en 2026 varias de las decisiones que en 2010 eran hipotéticas pueden contratarse en el mercado. Conviene abordarlo después de haber discutido el caso Heliospect, y contrastar en qué medida las respuestas cambian cuando la selección de rasgos deja de ser una posibilidad remota.

  1. ¿Cuál es el contenido del derecho a controlar la propia procreación?
  2. ¿Bajo qué razones o supuestos se le podría negar a una persona ese control? (Davis, 2010)
  3. ¿Hasta dónde llega, en una sociedad democrática liberal, el derecho a tomar decisiones de acuerdo con los propios valores, si estos pueden afectar de modo significativo a los planes de vida de la descendencia? (Bredenoord, 2010)
  4. ¿Conlleva la autonomía de los padres una obligación positiva del personal médico de ayudarles a materializar su elección reproductiva? ¿Y un derecho de objeción?
  1. ¿Cuándo está justificado limitar las elecciones de los padres que pueden restringir la autonomía futura de la descendencia?
  2. ¿Cómo debe interpretarse «el derecho del niño a un futuro abierto» hasta que sea capaz de tomar sus propias decisiones? (Bredenoord, 2010; Davis, 2010; Feinberg, 1980)
  3. ¿Cambia ese derecho en un contexto de disponibilidad de tecnologías genéticas y reproductivas asequibles, incluyendo la selección de embriones, la selección de sexo o la clonación reproductiva, sin mediar indicación médica?
  4. ¿Es aceptable elegir descendencia con limitaciones sensoriales de partida, por un criterio de afinidad con los progenitores? (Murphy, 2012; Sparrow, 2011)
  5. ¿En qué sentido queda involucrado aquí el debate sobre la discapacidad, y con qué implicaciones? ¿Cabe sostener a la vez la expressivist objection de Asch (Asch, 1999) y el derecho al futuro abierto de Davis, o son incompatibles? (Reindal, 2000)
  1. ¿Entran las expectativas de género en el catálogo de criterios aceptables para determinar la elección?
  2. ¿En qué se diferencia la percepción pública europea de la norteamericana o de la japonesa sobre la regulación de las tecnologías reproductivas? Contrástese con los datos de Pereira et al. (2025) sobre la asimetría rasgo/condición.
  3. ¿Qué aspectos parecen consensuados en el marco regulador europeo sobre investigación con embriones, selección de sexo y pruebas genéticas?
  4. El informe de la ASRM (American Society for Reproductive Medicine, 2025) desaconseja el PGT-P por insuficiencia de evidencia. Si un progenitor lo solicita con consentimiento plenamente informado sobre esa incertidumbre, ¿queda algo que objetar desde el marco de la autonomía reproductiva? ¿Qué añade —si añade algo— el argumento de Habermas (Habermas, 2002) que no cubra ya la objeción de la evidencia?

Las preguntas anteriores circulan desde hace dos décadas apoyadas en un conjunto muy reducido de casos. Conviene por eso examinar el estado empírico de la discusión antes de darla por planteada, porque dos trabajos recientes desplazan el punto de partida.

La selección a favor de la discapacidad apenas existe. Doron Dorfman rastreó la totalidad del debate jurídico y bioético sobre padres que eligen descendencia con una limitación sensorial y encontró que descansa esencialmente sobre una única noticia periodística de 2002, la de una pareja sorda estadounidense que eligió un donante de esperma sordo. De ahí derivó un pánico moral que inspiró, entre otras normas, la prohibición británica de seleccionar embriones portadores de una condición discapacitante. Su conclusión es que no hay evidencia de que la práctica exista con relevancia estadística alguna, y que legislar sobre una anécdota tiene un coste: convierte a las personas con discapacidad en objeto de sospecha regulatoria mientras deja sin tratar los usos masivos y no discutidos de la selección (Dorfman, 2024).

El hallazgo no resuelve la cuestión normativa —seguiría siendo pertinente preguntar qué habría que hacer si ocurriera—, pero sí obliga a revisar la economía de la discusión. Un debate que consume la mayor parte de su atención en un supuesto casi inexistente, mientras la selección por edad materna avanzada y el cribado comercial de rasgos crecen sin discusión pública equivalente, tiene un problema de proporción. Es exactamente el tipo de distorsión que los estudios CTS enseñan a detectar (Capítulo 2).

La autonomía reproductiva no es un concepto unívoco. Holmes, MacKay, McDougall, Scully y Newson sostienen que el término se usa en la literatura con al menos tres sentidos incompatibles —libertad de interferencia, capacidad efectiva de elegir y autoría de la propia trayectoria reproductiva— y que la ampliación del cribado genómico prenatal los separa aún más: más información puede aumentar la primera y reducir la segunda a la vez, si la oferta de pruebas llega sin el asesoramiento y el tiempo que la deliberación requiere (Holmes et al., 2025). Su artículo, publicado con comentarios abiertos por pares en el mismo número, es el mejor punto de entrada actual para este caso.

Sugerencia de trabajo. Repartir las preguntas 1-13 entre grupos, con la consigna de identificar en cada una cuál de los tres sentidos de autonomía está operando. La discusión suele resolverse, en más casos de los esperados, en un desacuerdo sobre el término y no sobre el fondo.

  • Davis (2010) · formulación clásica del dilema y del derecho al futuro abierto.
  • Feinberg (1980) · origen de la noción de futuro abierto, en el contexto de los derechos en fideicomiso del menor.
  • Bredenoord (2010) · revisión crítica de la aplicación del criterio a las decisiones reproductivas.
  • Sparrow (2011) · el argumento de que el liberalismo no dispone de recursos para excluir la eugenesia sin abandonar sus premisas.
  • Reindal (2000) · la objeción desde los estudios de la discapacidad, dirigida específicamente a John Harris.
  • Murphy (2012) · defensa de las intervenciones genéticas prenatales frente a las objeciones anteriores.
  • Dorfman (2024) · el estado empírico de la selección a favor de la discapacidad.
  • Holmes et al. (2025) · reconstrucción actual del concepto de autonomía reproductiva.
  • Asch (1999) y Parens y Asch (2000) · la expressivist objection en su formulación canónica.

5.3 El mercado de la selección embrionaria

Los dos subapartados anteriores han examinado el debate en su forma argumentativa: qué sostienen los defensores de la eugenesia liberal, qué objeciones se les oponen y qué muestran los registros sobre el uso efectivo del diagnóstico preimplantacional. Queda un tercer plano, y es el que ha cambiado más deprisa. Mientras la discusión académica seguía tratando la selección por rasgos como escenario hipotético, se ha constituido un sector económico que la ofrece. Conviene describirlo con precisión, porque su existencia altera las condiciones del debate: ya no se trata de decidir si autorizar una técnica futura, sino de decidir qué hacer con una oferta disponible.

5.3.1 De la anomalía al sector

Lo que en 2024 era una empresa opaca operando en un vacío legal es hoy un mercado con competencia abierta. Orchid ofrece puntuaciones poligénicas para una docena de trastornos a unos 2.500 dólares por embrión; en junio de 2025 Nucleus Genomics anunció su servicio de cribado embrionario, y en julio Herasight incorporó predicción de «rasgos cognitivos», incluida la inteligencia. MIT Technology Review incluyó el embryo scoring entre sus diez tecnologías de ruptura de 2026 (MIT Technology Review, 2025, 2026).

El desplazamiento tiene una consecuencia que conviene enunciar sin rodeos: la pregunta ya no es si esto llegará, sino qué hacer con lo que ya tenemos. Y la respuesta no puede consistir solo en una valoración moral, porque el sector presenta tres rasgos estructurales que condicionan cualquier intervención:

  • Se vende información, no un procedimiento. Estas empresas no realizan la fecundación in vitro ni la biopsia embrionaria: reciben datos genéticos y devuelven una ordenación. Formalmente prestan un servicio de análisis o de asesoramiento, no una técnica de reproducción asistida, lo que las sitúa fuera del régimen que regula a las clínicas.
  • Opera de forma transfronteriza por diseño. La separación entre el laboratorio que biopsia, la empresa que puntúa y la clínica que transfiere permite distribuir cada eslabón en la jurisdicción que mejor le convenga. Es la modalidad de arbitraje regulatorio que Couture y colaboradores anticiparon para los servicios reprogenéticos, con los problemas asociados de acreditación profesional y rendición de cuentas (Couture et al., 2014).
  • El precio determina el acceso. No hay financiación pública para un servicio que ninguna sociedad profesional recomienda, de modo que la distribución de lo que se ofrezca —funcione o no— quedará correlacionada con la capacidad de pago. Es exactamente el mecanismo por el que un rasgo biológico se convierte en el bien posicional descrito en Sección 5.2.1.

5.3.2 La respuesta profesional y el argumento de la evidencia

En diciembre de 2025, los comités de Ética y de Práctica de la American Society for Reproductive Medicine publicaron un informe que concluye que el diagnóstico genético preimplantacional para condiciones poligénicas no está listo para la práctica clínica y no debe ofrecerse como servicio reproductivo (American Society for Reproductive Medicine, 2025).

El documento merece atención por su forma antes que por su conclusión. La objeción no procede de bioeticistas externos, sino de la comunidad profesional que realizaría el procedimiento; y no se apoya en un argumento de principio, sino en la insuficiencia de la evidencia. Ambas cosas la hacen más difícil de descartar como resistencia ideológica, que es la réplica habitual del sector.

Pero también la hacen condicional, y ahí está su límite. Un rechazo fundado en la escasa validez predictiva se disuelve si la validez predictiva mejora. Quien sostenga que hay algo objetable en la selección por rasgos con independencia de su eficacia necesita un argumento distinto: el de Habermas sobre la autocomprensión, el de Sandel sobre el don o el de la justicia distributiva, expuestos en Sección 5.2.2. Distinguir ambos tipos de objeción es probablemente el ejercicio analítico más útil que este apartado puede dejar.

5.3.3 Por qué importa la percepción pública

Un estudio publicado en Genetics in Medicine comparó las percepciones de público general, personal clínico y pacientes sobre el cribado poligénico embrionario y encontró una asimetría nítida: el cribado de rasgos se asocia espontáneamente con la eugenesia y se percibe de forma mayoritaria como inaceptable, mientras que el de condiciones patológicas se considera a veces aceptable (Pereira et al., 2025).

El hallazgo tiene un doble interés. Primero, muestra que la distinción rasgo/condición —que la literatura filosófica venía tratando como un problema conceptual mal resuelto, desde Juengst (1997)— funciona en la práctica como una frontera moral efectiva, compartida por legos y profesionales. Segundo, y más incómodo: esa frontera no coincide con la que trazan ni la regulación ni el mercado. La regulación española distingue por gravedad y tratabilidad de la enfermedad; el mercado no distingue en absoluto, porque ofrece ambas cosas en el mismo catálogo y al mismo precio.

Aquí es donde la comunicación pública deja de ser un asunto accesorio. Si la aceptabilidad social depende de que el público perciba una oferta como diagnóstico de enfermedad o como selección de rasgos, entonces la forma de presentar el producto no es un envoltorio del debate, sino una de sus variables. El titular analizado en el caso introductorio —«escanea el cerebro de los embriones»— desplaza el producto hacia el registro de la medición médica objetiva, que es precisamente el que goza de aceptación. No hace falta suponer intención en el redactor; basta constatar que se trata de un error que opera en la misma dirección que las notas corporativas intentan favorecer.

5.3.4 El marco regulador y sus huecos

En España, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida restringe el diagnóstico preimplantacional a la detección de enfermedades graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal, con autorización caso por caso de la autoridad sanitaria para otros supuestos. La selección por rasgos no patológicos queda fuera, y el análisis del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, coordinado por Marfany y De Lecuona, sistematiza por qué la equivalencia con el diagnóstico de enfermedades mendelianas es falsa (Marfany y De Lecuona, 2024; Villela Cortés, 2017).

El problema no es el contenido de la norma, sino su alcance. Una prohibición nacional regula lo que ocurre dentro del territorio y bajo la calificación de «técnica de reproducción asistida». No alcanza a una empresa extranjera que recibe un fichero de variantes y devuelve un informe, ni a la pareja que viaja para la transferencia. Las opciones de política pública realmente disponibles —prohibición, moratoria, autorización condicionada, regulación del producto como dispositivo diagnóstico— han sido analizadas comparativamente (Frontiers in Reproductive Health, 2026), junto con una revisión de alcance de las implicaciones éticas y sociales organizada según los cuatro principios (Ethical and Social Implications Review Group, 2026) y las consideraciones jurídicas del Hastings Center (Soni y Savulescu, 2021).

Ninguna de esas opciones funciona aisladamente, y esa es la conclusión que conviene retener del apartado en su conjunto: el debate sobre la nueva eugenesia no se dirime en el terreno donde lo sitúan tanto sus defensores como sus críticos más enfáticos —el de los principios—, sino en el de las instituciones capaces de sostenerlos. Es la tesis de Buchanan, Brock, Daniels y Wikler (Buchanan et al., 2001), y sigue siendo el mejor punto de llegada de esta discusión treinta años después.

NotaEjercicio de síntesis del apartado

Redáctese, en una página, una propuesta normativa para el cribado poligénico embrionario en la Unión Europea que responda a estas cuatro exigencias:

  1. Distinguir de forma operativa —no solo conceptual— entre condición patológica y rasgo.
  2. Prever el caso de la empresa que presta el servicio desde fuera de la Unión.
  3. Especificar qué debe comunicarse al usuario sobre la incertidumbre de la predicción, y en qué formato.
  4. Indicar qué ocurriría con la propuesta si la validez predictiva de las puntuaciones mejorase de forma sustancial.

El punto 4 es el decisivo: obliga a explicitar si la norma protege frente a un producto defectuoso o frente a una práctica, que son dos regulaciones distintas.

  • Sobre la distinción terapia/mejora y su historia conceptual: Juengst (1997) y el volumen colectivo de Parens (1998), todavía el mejor punto de entrada.
  • Sobre la posición de los propios genetistas ante su pasado: «Human Geneticists Apologize for Past Involvement in Eugenics, Scientific Racism» (2023).
  • Sobre el marco español: Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, y el análisis de Villela Cortés (2017).
  • Sobre las condiciones de la mejora moral, tratada aquí solo de forma tangencial: Harris y Savulescu (2014) y Lara Sánchez y Moreno Muñoz (2020).